El pasado 10 de octubre de 2019 se realizó la Reunión de divulgación y taller con organizaciones ambientales, miembros de la comunidad, Órgano Judicial, facilitadores judiciales, profesores y consultores ambientales en el Hotel Coclé, Provincia de Coclé, Panamá. Dicha reunión tuvo como objetivo divulgar el origen estructura y funciones de la Secretaría para la Aplicación de la Legislación Ambiental del Tratado de Promoción Comercial entre Estados Unidos y Panamá (SALA TPC EEUU-Panamá). Explicar sobre el Mecanismo de Comunicaciones Ambientales y el Expediente de Hecho, como herramientas de participación que ofrece el TPC y que recibe y gestiona la SALA. Igualmente realizar taller sobre aplicación de la legislación ambiental, procedimiento administrativo para la recepción de peticiones y denuncias y su relación con las comunicaciones ambientales en cuanto a elementos y requisitos.
Resultados, comentarios y observaciones generales:
El grupo de participantes fue bastante diverso contando con miembros de la Coordinadora de Aguas y Tierras de Coclé (CODETAC) con representantes comunitarios de diferentes áreas de Coclé. Igualmente estuvo participando el Juez Municipal del Distrito de Olá, en conjunto con facilitadores judiciales de las comunidades aledañas, los cuales apoyan en la implementación del Sistema Penal Acusatorio entre otros temas de arbitraje comunitario. Igualmente participaron consultores ambientales del área y representantes de las comunidades de Taobré y aledañas.
Dentro de las preguntar realizadas durante la jornada, estaba el hecho de si para presentar una Comunicación Ambiental se debía pertenecer a una Organización o si se podía realizar a título personal. Se explicó que se puede hacer de cualquiera de las dos formas, a título personal o en representación de organización o comunidad, que inclusive podía ser presentada por varias personas firmando al mismo tiempo, que el requisito de fondo era que el tema hubiese sido presentado con anterioridad a la Institución competente para atenderlo y no se hubiese recibido respuesta conforme a los términos que establece la normativa.
Se consultó cómo operaban las Comunicaciones según la Institución competente ya que parte de las situaciones con las que se encuentran es que les envían de una oficina a otra o de una institución a otra y al final los temas no se atienden. Se les explicó que en el caso de las Comunicaciones Ambientales las mismas se reciben frente a un posible incumplimiento de la legislación ambiental, una vez admitida se remite al Consejo Ambiental para conocimiento y si es el caso que la misma amerite una respuesta, esta solicitud se dirige al Ministerio de Ambiente por ser el representante del Estado (la Parte) en materia ambiental, sin embargo, si la información se encuentra dispersa entre varias instituciones que atiendan el tema le corresponde a la Parte reunir la información correspondiente para adjuntarla a la respuesta.
Dentro de las principales situaciones ambientales o problemas que los participantes manifestaron tener en la provincia de Coclé, se mencionó la necesidad de legalizar el uso de aguas que se utilizan en los acueductos rurales para abastecer el consumo de agua en las comunidades. Ante esto, representantes de las Juntas Administradoras de Aguas (JAAR´s) manifestaron que los costos para la elaboración del estudio hidrológico que se requiere para solicitar una Concesión de Aguas es un limitante para las comunidades ya que este documento suele ser costoso. Existe una resolución ministerial que exime temporalmente a las JAAR´s del pago de los costos de trámite en el Ministerio de Ambiente, sin embargo, no incluye el estudio hidrológico.
Otro tema de preocupación en el área que está generando conflictos es el desarrollo del Parque Eólico en el área de Taobré y comunidades aledañas. Los participantes manifestaron que se han enterado del proyecto ahora que han querido instalar el mismo en sus tierras, pero que no tuvieron consulta pública para conocer sobre ese proyecto, aprobado desde hace casi 10 años. Parte de los conflictos están relacionados, según ellos, por el uso no autorizado de sus tierras para la instalación del proyecto.
